Yacimientos Petrolíferos Fiscales

Como la mayoría de las empresas públicas argentinas, fue reestructurada durante el gobierno de Carlos Saúl Menem en el marco de la política económica del momento. Entre 1989 y 1992 se llevaron a cabo las principales reformas. El primer paso en este proceso fue el cambio de tipo societario de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (que era una Sociedad del Estado) para convertirse en una Sociedad Anónima (YPF S.A.). En 1993 el Estado mantenía el 20% de las acciones y la acción de oro, y un 12% los estados provinciales. El sector privado era propietario del 46% del accionariado, y lo componían bancos y fondos de inversión de diversos países. En 1998, el sector privado poseía casi el 75% de las acciones, aunque el Estado mantenía la acción de oro.

Finalmente, se culminó en 1999, cuando el Estado argentino vendió a Repsol un 14,99% de las acciones de YPF, efectuando aquella una OPA sobre el resto de capital. La transacción le costó a la petrolera española 13.437 millones de euros, y permitió a Repsol convertirse en la octava productora de petróleo del mundo y la decimoquinta compañía energética.

El Estado argentino percibió ingresos por la privatización de YPF entre 1992 y 1999 por 20.269 millones de dólares, de los cuales 15.169 millones de dólares correspondieron a la adquisición realizada por Repsol en 1999.

En diciembre de 2007, el Grupo Petersen, conglomerado argentino de empresas al mando de Enrique Eskenazi, compró el 14,9% de YPF S.A., pasando al año siguiente a tener un 15,46%. El 4 de mayo del 2011 aumentó su participación accionaria en la compañía en un 10%. Para el 31 de diciembre de 2011 el Grupo Petersen poseía el 25,46% de YPF, la compañía Repsol el 57,43%, el 17,09% restante estaba en manos de inversores privados, flotando en bolsa, y un 0,02% en poder del Estado argentino, que conserva la acción de oro.